Salomón S.A.

Salomón, S. A. - (ABC, 7-4-2008)

Si la justicia fuera un ser humano, hoy o mañana se certificaría su defunción violenta a causa de un fallo multiorgánico, pero algo así no puede ocurrir, porque se necesitaría un juez que ordenara el levantamiento del cadáver. Éste es el quid de la cuestión: exhala sus últimos estertores un ente que sobrevivirá. De manera que todas las personas prudentes que abogaríamos en este instante por el cierre de los juzgados a cal y canto como medida cautelar frente al grave peligro que suponen, nos vemos obligadas a callar.

Algo hay que hacer, en todo caso. E intuyo que la imaginación desbordante de nuestros políticos está considerando la acción política más socorrida de los últimos veinte años, la panacea de todos los males: privatizar. Permite a empresas ruinosas convertirse en máquinas de dar dinero en poco tiempo; sirve para atajar la corrupción, como dejó claro Gallardón respecto al caso Guateque; y garantiza la eficacia. ¿Qué más podemos pedir para la administración de justicia? Sí, una última cosa: ordenadores. La gestión privada no hace ascos a la informática y hasta en la tintorería de mi barrio han abandonado las largas notas de entrega escritas a mano y el papel de carboncillo.

Gestionadas por emprendedores, surgirían por doquier empresas juzgadoras. Ya estoy viendo los rótulos: “Salomón, S. A.”, “Ecuánimes & Co.”, etc. Contratarían a los mejores jueces, lógicamente, y los despedirían cuando no encarcelaran a pederastas condenados. En los procesos prescindirían del procurador, como desaparecieron los ascensoristas; y todos se esmerarían en tener sus bases de datos actualizadas para ser competitivos. Por añadidura, no habría huelgas, y en caso de conato, el gerente del juzgado no tardaría dos meses en sentirse dispuesto a negociar con los trabajadores. En lugar de un CGPJ que usara las estadísticas reveladoras de la calamidad reinante como material de lectura en el excusado, tendríamos una patronal judicial que no se metería en dibujos políticos. Y tan ricamente.

Se dirá que uno de los tres poderes, el mismísimo pilar del Estado de Derecho, no puede privatizarse, opinión que obedece a prejuicios antiguos. Desde hace más de 80 años, se tiene por cierta la afirmación de Walter Lippmann, según la cual la prensa también constituye una pieza esencial en el engranaje de la democracia, y los periódicos los hacen empresas privadas sin que nadie lo considere una anomalía. Del mismo modo que ellos se dedican a la “manufactura del consenso”, en palabras de Lippmann, los juzgados privados prestarían servicios de equidad. El millón y medio de sentencias pendientes de ejecución, las pilas de papeles en los juzgados, todos los vestigios del siglo XIX, desaparecerían con el empujoncito de unos costes de transición a la competencia o una declaración de la justicia como zona catastrófica. Puede sonar extraño, pero todo es ponerse. Y me apuesto algo a que ningún responsable político con competencias en la materia, nacional o autonómico, de derechas o de izquierdas, tiene una idea mejor.